Los manifestantes, visiblemente afectados, exigieron una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del trágico siniestro y responsabilizar a los culpables. La explosión, que dejó 42 muertos, decenas de heridos y millones en pérdidas materiales, ha generado un fuerte clamor por transparencia y justicia entre la comunidad y los parientes de las víctimas.
A once meses del desastre, el gobierno aún no ha proporcionado una respuesta concreta sobre las causas de la explosión. Familias de las víctimas y ciudadanos afectados expresaron su indignación y desconfianza en el Estado, al que consideran incapaz de proteger los derechos del ciudadano común.
«No fueron 42 perros que murieron, fueron 42 seres humanos», señalaron, demandando explicaciones y justicia.
La falta de un informe oficial sobre las causas del desastre ha generado un fuerte clamor social. Los afectados y la Comisión de la Verdad esperan la designación de dos fiscales especializados, una promesa hecha hace siete meses que aún no se ha cumplido.
Las autoridades locales aún no han emitido un informe oficial sobre las causas del siniestro, evidenciando su poco interés por esclarecer el hecho.
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