El estado de calamidad propuesto por Arévalo se basaba en los «daños significativos en viviendas e infraestructura» causados por las inundaciones en todo el país.
El decreto buscaba una vigencia de 30 días, durante los cuales se podrían «limitar la vigencia plena de los derechos constitucionales», incluyendo la libre locomoción y circulación de vehículos en las zonas afectadas.
A pesar de la gravedad de la situación, el Congreso decidió no aprobar la medida, lo que ha generado preocupación sobre cómo el país enfrentará los daños ocasionados por las lluvias sin el estado de excepción.
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