SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público dominicano ha solicitado al Séptimo Juzgado de la Instrucción la apertura a juicio contra seis individuos acusados de perpetrar uno de los mayores fraudes financieros en la historia del país, utilizando criptomonedas y falsos puestos de bolsa.
Los acusados principales son Jairo González, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Gregorix Polanco Estévez, Moisés González Rodríguez y William Mejía Martínez. Durante la audiencia, los fiscales Pelagio Alcántara, Lewina Tavares y Miguel Pichardo presentaron la acusación y los elementos probatorios que fundamentan los cargos.
El caso, que comenzó a investigarse a mediados de enero de 2023, involucra a más de 30 querellantes que alegan haber sido víctimas de una estafa por más de 100 millones de dólares. Según la acusación, Jairo González, como gerente y propietario de Harvest Trading, captaba fondos de inversionistas prometiendo altas ganancias a través de inversiones en la bolsa de valores y criptomonedas.
La acusación también incluye a varias sociedades comerciales: Harvest Trading Cap.SRL, Harvest Group y Asociados SRL, Harvest Trading Academy, SRL y Moon Capital SRL. Los cargos que enfrentan los acusados son graves e incluyen asociación de malhechores, estafa, violación de la ley sobre el mercado de valores, violación de la ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología, y lavado de activos.
El juez Deiby Timoteo Peguero, quien preside el caso, ha separado del proceso las querellas reformuladas para avanzar en la etapa preliminar. Además, los fiscales han solicitado mantener la prisión preventiva para Jairo González, considerado el principal acusado.
Este caso ha captado la atención nacional debido a su magnitud y al uso de tecnologías financieras emergentes como las criptomonedas. Representa un desafío significativo para el sistema judicial dominicano en cuanto a la regulación y persecución de delitos financieros en la era digital.
La decisión del juez sobre la apertura del juicio será crucial para determinar el curso de este caso histórico, que podría sentar un precedente importante en la lucha contra el fraude financiero en la República Dominicana y la región.
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