Redacción | La Opinión Informa | 17 de julio de 2025
SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, dictó prisión domiciliaria para varios de los implicados en una supuesta red de militares y civiles acusados de estafar al Estado dominicano con más de RD$100 millones mediante pagos de sobornos y otros delitos.
El magistrado tomó la decisión tras considerar que los imputados no representan peligro de fuga, por lo que dispuso prisión domiciliaria para los encartados que admitieron su responsabilidad y impedimento de salida para aquellos que no colaboraron con el Ministerio Público.
Entre los acusados figuran el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, y los coroneles Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, quienes permanecerán en libertad restringida y sin posibilidad de salir del país.
Mientras que el coronel Andrés Pacheco Varela, Ramón Quezada Ortiz, Quilvio Rodríguez (propietario de la Empresa Servicio Nacional de Seguridad Privada - Senase), el teniente Wellington Peralta Santos y el gerente de seguridad de Edenorte, Bolívar Nicolás Fernández Espinal, deberán cumplir arresto domiciliario.
Además, el juez declaró el caso complejo, como solicitó el Ministerio Público, para permitir profundizar en la investigación del presunto entramado que habría utilizado empresas de seguridad privada para canalizar pagos irregulares a través de contratos con instituciones públicas.
Hasta el momento, las autoridades no descartan nuevas medidas ni más arrestos relacionados con la supuesta red de corrupción.



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